5 personas fueron imputadas por estafa, tras cobro ilegal del Programa Pytyvõ

Este jueves, el Ministerio Público imputó a cinco personas por adquisición fraudulenta de subvenciones, declaración falsa y estafa, por inscribirse para ser potenciales beneficiarios del Programa Pytyvõ y efectivizar el monto una vez acreditado, sin cumplir con los requisitos establecidos. 

El Ministerio de Hacienda había anunciado que remitiría a la Fiscalía, los datos de las personas en cuyas declaraciones juradas se encontraron inconsistencias. Fuente: @Haciendapy
El Ministerio de Hacienda había anunciado que remitiría a la Fiscalía, los datos de las personas en cuyas declaraciones juradas se encontraron inconsistencias. Fuente: @Haciendapy

Las personas procesadas fueron identificadas como Julia Brítez Paredes (27), quien se desempeña como asistente de la Gobernación del Guairá; Víctor Hugo Cañete Ortiz (33), quien trabaja como operario de producción de la planta frigorífica Neuland Ltda.; Nilda Ramona Rivas Salinas (40), trabajadora asegurada dependiente de la razón social Mendelzon Libster Modica, Mariana; Cristina Rosalía López Acosta (33), funcionaria de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción y Martin Leonardo Riveros Sotelo (36), miembro titular de la Junta Municipal del Municipio de María Antonia, departamento de Paraguarí. Recalcan que todos ellos contaban con un ingreso activo, al momento de solicitar la asistencia, 3 de ellos son funcionarios públicos y 2 prestan servicios al sector privado. 

El Programa Pytyvõ consiste en una ayuda económica temporal para compensar el paro de ingresos a las personas afectadas, en el marco de la crisis por la pandemia del Covid-19 en nuestro país. La asistencia económica estatal corresponde a la suma de 548.210 guaraníes.

El mismo establecía claramente una serie de requisitos a ser cumplidos por las personas solicitantes de este auxilio económico. Uno de los principales requisitos es “no cotizar, ni ser jubilado o pensionado de ninguna entidad pública o privada de Jubilaciones y Pensiones”, aparte de “no percibir ingresos provenientes del sector público”, condiciones violadas por los ahora imputados.

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