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Arrancó el juicio oral contra Miguel Prieto por un hecho de corrupción en pandemia

El caso conocido como “Tía Chela” que involucra al exintendente de CDE, Miguel Prieto, llegó a juicio oral y público. El político y otras 10 personas enfrentan cargos por los presuntos hechos de lesión de confianza y asociación criminal.

Miguel Prieto y otras 10 personas fueron acusadas en este proceso-Foto Gentileza

Este lunes arrancó el juicio oral y público en contra de Miguel Prieto y otras 10 personas por el caso conocido como “Tía Chela”. El exintendente de Ciudad del Este fue acusado por el presunto hecho de lesión de confianza y asociación criminal.

El Tribunal integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel juzgará el caso que, según la teoría sostenida por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Valdez, Prieto simuló compras de víveres a través de las excepciones de la Ley de Emergencia Sanitaria para eludir los procesos licitatorios.

El hecho habría generado un perjuicio patrimonial de 2.949 millones de guaraníes. Según la investigación, Prieto direccionó el contrato hacia la firma “Tía Chela”, una despensa minorista que carecía capacidad logística para suministrar mercaderías por ese valor.

Durante la pandemia, Prieto afirma que distribuyó 25.000 kits de alimentos, que, supuestamente fueron adquiridos de Tía Chela, pero la Fiscalía dice que esto es un camuflaje para tapar el millonario desvío.

Los fiscales sostienen que hubo daño patrimonial. Foto: Gentileza
Los fiscales sostienen que hubo daño patrimonial. Foto: Gentileza

Además de Prieto, son juzgados ex altos funcionarios clave de su gestión, entre ellos Francisco Raimundo Arrúa (exdirector de Administración y Finanzas), Sebastián Martínez (exdirector de Desarrollo Social) y Maggi Fariña (coordinadora de la UOC), además de los proveedores privados involucrados.

El juicio oral continuará durante las próximas jornadas con la presentación de los incidentes iniciales, las declaraciones de los testigos y la producción de las pruebas documentales y periciales con las que la Fiscalía buscará demostrar el daño patrimonial a la comuna esteña.